CHILE CERRÓ EL CASO SIN DEPURAR REPONSABILIDADES

La Fiscalía del Estado chileno concluyó que "no había antecedentes suficientes para presentar acusación"

Momento del rescate de los mineros. Fotografía extraída de LaNacion.cl

Los 33 mineros chilenos que quedaron atrapados más de 70 días mostraron una gran indignación en octubre de 2013 al conocer que la justicia chilena había decidido cerrar su caso ante la supuesta falta de pruebas concluyentes contra la empresa Compañía San Esteban, así como los Servicios de Minería chilenos. 

Según las diligencias abiertas por el Parlamento chileno, los trabajadores habrían estado trabajando sin las medidas de seguridad necesarias. Esta vía de investigación, resultado de la actuación de la Fiscalía, buscaba establecer negligencias entre los dueños de la compañía y los Servicios de Minería. Sin embargo, estas recayeron sobre los mineros en última instancia.

Ante esto, diversos mineros mostraron su disconformidad e indignación. Mario Sepúlveda señaló que la justicia chilena era una vergüenza y que mucha gente cree que somos tontos, pero somos humildes. Por su parte, Catherine Lathrop, abogada de Alejandro Bohn y Marcelo Kemmeny, los dueños de la mina San José, manifestó una conformidad total con el verdicto de la justicia.

LA JUSTICIA CHILENA RETUVO LOS BIENES DE LA COMPAÑÍA MINERA

LA PRIMERA MEDIDA CAUTELAR DE LA JUSTICA CHILENA FUE PRESIONAR A LA EMPRESA PROPIETARIA DE LA MINA SAN JOSÉ

Vista áerea de las cercanías de la mina San José, fotografía extraída de LaNacion.cl

Una primera esperanza llegó para los mineros y sus familias cuando la justicia chilena prohibió a la Compañía Minera San Esteban, propietaria de la Mina, hacer cualquier tipo de usufructo de sus bienes y su capital. Según un juzgado civil de Santiago liderado por la jueza Rommy Müller, esta medida garantizaría el costeamiento del rescate de los mineros por parte de la compañía. 

Un representante legal de la minera, Jorge Aguilar, condenó la resolución, ya que consideró que, al quedarse sin poder hacer uso de sus bienes, la empresa no tenía ninguna posibilidad de recuperar los fondos que ya hubiesen sido retenidos para pagar a los trabajadores, afectando a los que en aquél entonces trabajaban en la empresa pero no habían quedado atrapados en el derrumbe.

Además de la batalla judicial con el Estado, la empresa afrontaba entonces la querella presentada por los familiares de los mineros, alegando que las supuestas faltas de seguridad habrían desembocado en el derrumbe, el cual habría sido culpa de la empresa. 

EL INICIO DEL LABERINTO JUDICIAL

El famoso abogado Edgardo Reinoso, representante de 31 de los
33 mineros atrapados. Fotografía extraída de LaNacion.cl

Tras ser rescatados, los 33 mineros decidieron emprender acciones legales contra las entidades privadas y públicas pertinentes con tal de reclamar una compensación por haber pasado 2 meses soterrados. Edgardo Reinoso, en representación de 31 de los 33 mineros rescatados, presentó una demanda colectiva exigiendo la susodicha indemnización en octubre de 2010. A pesar de no haberse sumado a la demanda colectiva, los dos mineros restantes se incorporarían al acuerdo.

Según palabras de Reinoso:

“Se va a demandar a los dueños de la mina, a dos personas naturales y además al fisco porque a través de conductas negligentes de la dirección de Minería, del Trabajo y de Salud, comprometen la responsabilidad del fisco”

Omar Reygada, uno de los mineros rescatados, declaró que la intención del pacto era conseguir una cuantía económica que compensase todo lo que habían tenido que sufrir. 

La interposición de la demanda discurrió en paralelo a las acciones del Estado para esclarecer el incidente. El fiscal regional de Copiapó (donde se encontraba la mina de San José), Héctor Mella, interrogó a uno de los mineros, Juan Illanes, el 5 de agosto de 2010. En la declaración, Illanes habría afirmado que momentos antes del derrumbe, varios operarios advirtieron sobre la situación de inseguridad de la mina. 

Además, el entonces ministro de Minería, Laurence Golborne, anunció la preparación de un informe sobre el rescate de los mineros para la comisión de la Cámara.